Los problemas que plantean las minas antipersonal, especialmente en Camboya, Afganistán, Kuwait y Angola, por solo citar los países donde hay esparcidas cantidades considerables de ellas y, además, en regiones en que representan un peligro para la población civil, incluso mucho después de terminadas las hostilidades, nos han llevado a interesarnos más de cerca por este problema.

El derecho internacional humanitario y los derechos humanos tienen un objetivo común: la protección de la persona humana y el respeto de su dignidad. No obstante, esas dos ramas del derecho international público son de índole y de origen distintos y han evolucionado de diferente forma.

Sin embargo, los cambios ocurridos en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, la irresistible escalada, estos últimos decenios, de la violencia y de la miseria y, por consecuencia, la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas —cada vez más numerosas— de las violaciones de los derechos fundamentales de la persona humana han contribuido no solo al desarrollo sino también al acercamiento paulatino de ambos sistemas, «esas dos pobres muletas en las que las víctimas desarmadas deben apoyarse simultáneamente», segtún la expresión metafórica de Karel Vasak. Este experto llegó incluso a considerar, en 1984, que «el encuentro de los dos derechos… se ha convertido hoy en una verdadera interpenetración tanto en los textos… como, cada vez con más frecuencia, en su aplicación».

¿Cabe hablar de interpenetración de los dos derechos? Se trata más bien de similitudes y de influencias recíprocas. Varios acontecimientos marcaron la tendencia al acercamiento de ambos sistemas; la aprobación, en 1949, de los Convenios de Ginebra extendió, en cierto modo, los límites del derecho humanitario a los conflictos de índole no internacional.

Ochocientos quince delegados representantes de 160 Estados, 39 ministros, 20 iceministros y 12 secretarios de Estado, el secretario general de la ONU, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados y el subsecretario general de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, así como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, representado por los presidentes del CICR, de la Federación Internacional y de la Comisión Permanente, además de todas las grandes organizaciones gubernamentales o no gubernamentales activas sobre el terreno de los conflictos armados, …todos fueron convocados en cuestión de meses por el Gobierno suizo para debatir, durante tres días, en Ginebra el problema de la protección de las víctimas de la guerra y aprobar una declaración sustancial al respecto: indudablemente, la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra fue un éxito.

Tras las primeras codificaciones del derecho humanitario, los Estados se comprometen, como Partes contratantes, a tomar todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones contraídas. Éstas dimanan de la norma consuetudinaria en la que se estipula que las Partes han de aplicar de buena fe los tratados en vigor. Además, en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos adicionales de 1977 se prevén unos medios particulares de aplicación, que desarrollan y explicitan la norma consuetudinaria, y que son aplicables desde la entrada en vigor de dichos tratados. En este contexto se inserta la dispositión del artículo 6 del Protocolo I relativa al «personal calificado».

Hace ya varios decenios que el CICR se ocupa periódicamente de la difícil tarea de reexaminar su línea de conducta en las situaciones de violencia interna. De 1872, fecha en que ofreció por primera vez sus servicios a las partes en un conflicto armado no international, a 1918, año de su primera visita a detenidos de seguridad, y desde entonces a nuestros días, el CICR ha acumulado una larga experiencia. Ha ampliado progresivamente su mandato a situaciones en que el sufrimiento humano exige una intervención de su parte que no hubiese contemplado hace algunos años.

El derecho intemacional humanitario que rige el trato debido a los prisioneros de guerra está destinado a proteger casi todos los aspectos del bienestar humano, a fin de minimizar, en la medida de lo posible, los efectos adversos del cautiverio. Como observó el Tribunal Intemacional de Nuremberg:

«El cautiverio en la guerra no es venganza ni castigo, sino únicamente una custodia protectora, cuyo propósito es impedir que los prisioneros de guerra participen de nuevo en la guerra; es contrario a la traditión militar matar o herir a personas desvalidas».

Debido a la experiencia adquirida desde 1939 y a la codificación sólo parcial del derecho relativo a los métodos y medios de hacer la guerra aérea, éste sigue perteneciendo a los ámbitos más debatidos del derecho internacional de la guerra. Por el hecho de que el Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra —que contiene disposiciones relativas al derecho de la guerra aérea— no ha tenido hasta ahora el alcance que le corresponde, a causa de las dilaciones en ratificarlo, hay que atribuir tanta mayor importancia al desarrollo histórico del derecho de la guerra aérea.

En su libra «Recuerdo de Solferino», Henry Dunant expuso dos propuestas de acción a nivel internacional para aliviar el sufrimiento de las víctimas de la guerra: la primera era que los Gobiernos aprobasen un tratado internacional que debía respetarse en tiempo de guerra; y la segunda, que se estableciese una estructura organizativa para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones internacionales. Dunant parecía darse cuenta de que solo podía inducir a los Gobiernos a actuar como deseaba combinando ciertas obligaciones internacionales, basadas en tratados, con una organización para aplicarlas. El resultado de sus propuestas fue, por supuesto, la aprobación del Convenio de Ginebra de 1864, por un lado, y la fundación del Movimiento de la Cruz Roja, por otro.

El Consejo de Delegados celebró, del 29 al 30 de octubre de 1993, su reunión bienal en Birmingham, en la que participaron unos 500 representantes de 148 Sociedades Nacionales, así como las delegaciones del CICR y de la Federación, presididas por los señores Cornelio Sommaruga y Mario Villarroel Lander, respectivamente.

El derecho internacional humanitario es considerado cada vez más como parte del derecho de los derechos humanos aplicable en los conflictos armados. Se puede seguir el rastro de esta tendencia hasta la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Teherán en 1968, que no solo impulsó el desarrollo del derecho humanitario en sí mismo, sino que marcó el inicio de un mayor uso del derecho humanitario por las Naciones Unidas al examinar la situación de los derechos humanos en determinados países o en el marco de sus estudios temáticos. La mayor conciencia de la importancia del derecho humanitario para la protección de las personas en los conflictos armados, junto con la creciente referenda a los derechos humanos en los asuntos internacionales, hace que las dos ramas del derecho tengan ahora mucha más relevancia internacional y que tanto las organizaciones internacionales como las no gubernamentales recurran a ambas con regularidad.

Sin embargo, dado que el derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario tienen orígenes históricos completamente diferentes, su codificación ha seguido hasta hace muy poco caminos completamente distintos. Este documento tiene por objeto examinar la ‘filosofía’ de estas dos ramas del derecho a la luz de sus orígenes; cómo coinciden, con todo, en muchos aspectos esenciales; de qué manera han influido una en la otra últimamente y, por último, cómo sus similitudes y diferencias podrían determinar su uso en el futuro.

La Conferencia Internacional para la Protectión de las Víctimas de la Guerra tuvo lugar en Ginebra del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993. Convocada por el Gobierno suizo, por iniciativa del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), los principales objetivos de la Conferencia eran:

— hacer que los Estados reaccionen vigorosamente ante las violaciones masivas del derecho internacional humanitario;

Introducción

Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas han experimentado un desarrollo sin precedentes durante los últimos años y, en particular, en 1992. Entre 1945 y 1987, se llevaron a cabo trece operaciones de esta índole, mientras que, desde entonces, se han emprendido otras catorce. Durante 1992, se iniciaron tres nuevas operaciones: en Camboya, en la antigua Yugoslavia y en Somalia, y en 1993, otra más en Mozambique. A lo largo de 1992, se cuadruplicó el personal de la ONU que trabaja sobre el terreno, superándose las 50.000 personas, con un presupuesto total de unos 2,5 mil millones de dolares a finales de 1992.

En su última Asamblea ordinaria, del 20 y 21 de enero de 1993, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha elegido a dos nuevos miembros: los señores Jean-François Aubert y Josef Feldmann. Así pues, el Comité, compuesto exclusivamente por ciudadanos suizos, tiene actualmente 21 miembros.

Jean-François Aubert, nacido en 1931 y natural de Savagnier (cantón de Neuchâtel), es doctor en derecho y profesor de derecho constitucional en las Universidades de Neuchâtel y Ginebra. Cursó sus estudios en Neuchâtel, Tubinga, París y Ann Arbor (EE.UU). De 1971 a 1979, el señor Jean-François Aubert fue consejero nacional y, más tarde, consejero de Estado hasta 1987.

Inauguró la Conferencia, como presidente, el señor Flavio Cotti, jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de la Confederation Helvética, en presencia de unos 815 delegados, representantes de Estados y organizaciones. De los 189 Estados invitados, participaron en la Conferencia 160: 39 estaban representados por ministros, 20 por viceministros y 12 por secretarios de Estado. Habí a asimismo 16 observadores y 16 «otros participantes».

El Príncipe Botho zu Sayn Wittgenstein-Hohenstein, presidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja abrió la sesión.

En su discurso de apertura, el Príncipe Botho recordó que el Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se halla ante un desafío sin precedentes y que debe multiplicar sus esfuerzos para hacerle frente. «Cuanto más alto sea el grado de eficacia, más fuerte será la demostración de nuestra solidaridad con las personas vulnerables y más seremos escuchados», afirmó. Por ello, conviene intensificar la universalidad de la red de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, reclutar cada vez más voluntarios y continuar actuando de conformidad con los Principios Fundamentales.

El CICR estuvo representado en la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena del 14 al 25 de junio de 1993 (véase en la sectión «Hechos y documentos», pp. 347–355 el artículo acerca de los trabajos y la Declaración final de la Conferencia, así como el discurso del presidente del CICR).

Los Gobiemos son los principales responsables de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario en tiempo de conflicto armado. En caso de conflicto armado no internacional, los Gobiernos y los grupos armados de la oposición tienen la obligación de respetar estas normas.

Las organizaciones internacionales pueden alentar a las partes implicadas en conflictos armados a respetar los derechos humanos y el derecho humanitario. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que desempeña, desde hace mucho tiempo, un papel preponderante en la tarea de velar por la aplicación del derecho humanitario durante los conflictos armados, también ha comenzado a hacer referencia al derecho de los derechos humanos en las situaciones de disturbios interiores o tensiones internas no cubiertas por el derecho internacional humanitario. La Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y otras varias organizaciones intergubernamentales han intentado en diversas oportunidades garantizar el respeto del derecho de los derechos humanos durante los conflictos armados, refiriéndose ocasionalmente en dichas tentativas al derecho humanitario. En sus decisiones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha valido casi exclusivamente del derecho humanitario.

Las organizaciones internacionales no gubernamentales han reconocido que, durante los conflictos armados, pueden cometerse violaciones de los derechos humanos en sus respectivos ámbitos de incumbencia. Efectivamente, las violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los malos tratos, las detenciones, las muertes arbitrarias, etc.

El 20 de noviembre de 1992, con motivo del debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la coordinación de la asistencia humanitaria, el presidente del CICR hizo una declaración sobre el refuerzo de la coordinación de la ayuda humanitaria de urgencia de las Naciones Unidas, cuyo texto publica la Revista más adelante (véanse pp. 50–58).

Es la primera vez que un presidente del CICR sube a la tribuna en una sesión plenaria de la Asamblea General, hecho tanto más notable cuanto que se inscribe en el núcleo de la problemática de la cooperación del CICR con la ONU, por lo que respecta a la asistencia humanitaria.

Suiza recibe a ustedes esta mañana con sentimientos de plena alegría y al mismo tiempo, de gran preocupación.

Nos complace comprobar que el llamamiento hecho a la comunidad intemacional haya tenido un eco tan amplio y que un número representativo y universal de Estados haya respondido a nuestra invitatión.

Pero el motivo de ésta fue, ante todo, la angustia. Mientras que la guerra debería estar prohibida como medio para solucionar los conflictos, en realidad asistimos al recrudecimiento de violentos combates en un creciente número de países y territorios.