Los jóvenes son a menudo objeto de un interés particular en los análisis de la situación en los ámbitos humanitarios, social y político. Como «víctimas», la suerte que corren capta especialmente la atención, en nombre de esa vulnerabilidad que se les reconoce en todas las culturas del mundo — con variaciones importantes, claro está, en los límites del paso a la edad adulta. Como «grupo marginal» (esto es, los niños de la calle, los menores delincuentes, los no escolarizados, los ninos soldados, etc.), se trata a los jóvenes, según las circunstancias y el lugar, como víctimas, como seres irrecuperables o como verdugos. Por último, como «grupo controlado» (es decir, los que se benefician de una realidad social y/o escolar normal), los jóvenes son tanto más solicitados cuanto que los adultos se sienten desorientados frente a los interrogantes sobre los vertiginosos cambios de este fin de siglo; y que tratan de preparar lo mejor posible a las futuras generaciones para esos porvenires inciertos.

Desde la antigüedad, la utilización de veneno y agentes patógenos en la guerra ha sido considerada como práctica desleal. Ha sido condenada por declaraciones y tratados internacionales, especialmente en el Convenio de La Haya de 1907 (IV) sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Los esfuerzos por potenciar esa prohibición dieron por resultado la concertación, en 1925, del Protocolo de Ginebra, en el cual se prohíbe el empleo de gases asfixiantes, tóxicos o similares, también denominados armas químicas, así como el empleo de medios de guerra bacteriológica.

Actualmente se entiende que esos medios incluyen no sólo bacterias, sino también otros agentes biológicos, tales como virus o Rickettsias, que eran desconocidos cuando se firmó el Protocolo de Ginebra (el 1 de enero de 1977, eran 132 los Estados Partes en ese Protocolo). Sin embargo, en el Protocolo de Ginebra no se prohíbe el desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas químicas y biológicas. El año 1930, en el marco de la Sociedad de las Naciones, se intentó, aunque sin éxito, lograr una prohibición completa.

Poco después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas hicieron un llamamiento para que se eliminaran todas las armas «adaptables a la destrucción en masa». Las armas biológicas y químicas se incluyeron en esta categoría de armas, junto con las armas atómicas y radiológicas.

El Tribunal Penal Intemacional para ex Yugoslavia (en adelante, «Tribunal Internacional») fue instituido hace más de cuatro años como respuesta a las masivas matanzas, las violaciones generalizadas y sistemáticas y la «depuración étnica» que se estaban cometiendo en ex Yugoslavia, con una dimensión y un salvajismo sin precedentes en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, considerando que esta situación era una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, decidió instituir el Tribunal Intemacional como órgano judicial subsidiario, con la convicción de que ello contribuiría al cese de tales prácticas.

Hace veinte años, el 10 de junio de 1977, los plenipotenciarios de más de cien Estados y de varios movimientos de liberación nacional firmaron en Ginebra el Acta Final de la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, que había convocado el Gobierno de Suiza, Estado depositario de los Convenios de Ginebra. Tras cuatro períodos de sesiones, de 1973 a 1977, precedidos de un trabajo preparatorio de varios años, se elaboraron en ella dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), respectivamente.

Actualmente, 148 Estados son Partes en el Protocolo I y 140 en el Protocolo II. Estos dos tratados son un importante desarrollo del derecho internacional humanitario y obligan a casi tres cuartas partes de los Estados del mundo. Los conflictos recientes demuestran patentemente que los Estados pueden verse implicados, en cualquier momento, en una situation en la que son aplicables esos textos convencionales.

La aprobación de los Protocolos se inscribe en el prolongado esfuerzo por proteger mejor a la persona humana en los conflictos armados. Así nacieron los Convenios de Ginebra en sus sucesivas versiones de 1864, 1906, 1929 y 1949, que han constituido una inestimable salvaguardia para tantos seres humanos.

La cláusula de Martens forma parte del derecho de los conflictos armados desde que apareciera, por primera vez, en el Preámbulo del (II) Convenio de La Haya de 1899 relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre:

«Mientras que se forma un Código más completo de las leyes de la guerra, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública».

La Corte lnternacional de Justicia, tras solicited de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dio una Opinión consultiva con respecto a la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares. Algunos comentaristas la califican como una de las resoluciones más importantes de su historia. La resolución fue aprobada tras largos debates y el apartado E del párrafo 2 de su parte dispositiva solo pudo refrendarse, por siete votos a favor y siete en contra, gracias al voto de calidad del presidente. Todos los miembros de la Corte consideraban necesario adjuntar a la Opinión una declaración o dictamen individual o disidente para aclarar la respectiva posición por lo que atañe a la cuestión planteada por la Asamblea General.

Hay cuestiones que es preferible no plantear: la licitud del empleo de armas nucleares en la guerra no es una de ellas.

Con la aparición y el desarrollo del arma nuclear, comienza una etapa en la historia de considerable importancia: por primera vez, el hombre dispone de medios que ponen en peligro la supervivencia de la humanidad. Su empleo en Hiroshima y Nagasaki causó un profundo choque moral y modificó la problemática de la guerra. El CICR comprendió inmediatamente el alcance de estos acontecimientos y, con el deseo de compartir las preocupaciones de la Institución, el entonces presidente del CICR, Max Huber, dirigió una circular a las Sociedades Nacionales el 5 de septiembre de 1945, es decir, menos de un mes después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki.

La enfermedad deliberadamente provocada o «guerra biológica» es motivo de preocupación cada vez mayor a medida que nos acercamos al siglo XXI, ya que su prevención es fundamental para la seguridad, la salud y el bienestar de la comunidad mundial. En los términos más simples, la guerra biológica significa exponer la salud de seres humanos, animales y plantas al riesgo de contraer enfermedades deliberadamente provocadas, como resultado de un acto hostil.

En todas las guerras, las enfermedades han causado más víctimas que las propias armas; cada vez es mayor, y se justifica, la preocupación a nivel mundial con respecto a nuevas y emergentes enfermedades. A medida que la población mundial continúa aumentando, se ocupan nuevas extensiones de tierra y se produce un mayor hacinamiento en las zonas pobladas, con lo cual es cada vez mayor la demanda de plantas y animales como fuentes de alimentación. Ello crea más oportunidades para que se propaguen enfermedades nuevas o ya existentes entre seres humanos, animales y plantas, con los correspondientes daños socioeconómicos para los países en cuestión.

Cada vez existe mayor conciencia de la susceptibilidad de los seres humanos, animales y plantas a las enfermedades. Los titulares de las noticias sobre la peste en la India, el mes de septiembre de 1994, y sobre la fiebre de Ébola en Zaire, el mes de abril de 1995, muestran cómo la propagación de enfermedades puede generar alarma y preocupación generalizadas a nivel internacional.

La iniciativa de la Revista Internacional de la Cruz Roja de dedicar un número a una serie de artículos acerca de los dos Tribunales Penales Internacionales ad hoc, establecidos por las Naciones Unidas a fin de enjuiciar a los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en ex Yugoslavia y en Ruanda es un símbolo de la creciente importancia que tienen ambas jurisdicciones penales, tanto para el gran público como para los especialistas.

Los países que gozan de paz no saben bien lo que son las guerras. Por ello se acude tan a menudo a los humanitarios para comentarlas y explicarlas. La actión humanitaria se lleva a cabo en el fragor de los conflictos y con más frecuencia más cerca de los combates y, fuera de éstos, tiene lugar una impresionante adaptatión a los medios de comunicación, en las pequeñas pantallas del mundo entero, sobre todo dirigidas al Occidente. Para destacarse en la competitión humanitaria, ofrecer presencia visible a los donantes, recabar fondos o incluso denunciar atrocidades, los humanitarios se empecinan en esta carrera por la imagen, cuyo triunfo es, a veces, la condición de su supervivencia. Pero, a fuerza de salir en la televisión, es esta imagen adaptada a los medios de comunicación la que, a fin de cuentas, explica su actión ante los actores de los conflictos y la que evidencia su lealtad para con este mundo occidental. Es sumamente probable que el rechazo de que son objeto cada vez más los humanitarios aumente, e incluso sea la causa de este encasillamiento en los medios de comunicación. Esto refuerza que se les considere como miembros de un campo ideológico cuyos intereses políticos, económicos y culturales son lo que está en juego cuando se trata de los principales conflictos actuales.

Nuestro planeta tiene actualmente cinco mil millones de habitantes. En 1863, año de la fundación de la Cruz Roja, y en el que se realizaron los primeros esfuerzos de codificación del derecho en los conflictos armados, tenía mil millones. Durante casi un siglo, la Cruz Roja ha fijado, sucesivamente, su atención en los militares heridos en combate, en las víctimas de los enfrentamientos navales, en los prisioneros de guerra y en las personas civiles abandonadas —en tiempo de guerra— a la arbitrariedad de una soberania extranjera.

Hoy en día, y sin negar lo que se ha hecho hasta ahora, lo importante es tener una visión diferente, que vaya más allá de ese horizonte y que tenga en cuenta a otras víctimas, las de los conflictos actuates, y también a las víctimas potenciales de los futures conflictos, la población civil. Ello no puede hacerse sin preocuparse igualmente por el comportamiento de los que combaten. Las armas proliferan, mientras que las opiniones divergentes se arraigan y los conflictos armados limitados se multiplican y se prolongan, a menudo, sin perspectivas de solución.

Ante los miles de millones que se gastan anualmente en armas, por una parte, y los millones de seres humanos, por otra, sólo nos queda velar por que se evite la hemorragia y se limiten los efectos. Este es el reto de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

En su número de noviembre-diciembre de 1996, la Revista anunció la muerte, en su residencia del hospital de Novi Atagui, cerca de Grozni (república de Chechenia, Federación de Rusia), de seis delegados del CICR, fríamente tiroteados por hombres armados no identificados.

Con la aprobación, el 8 de junio de 1977, de los dos Protocolos adicionales a los Convenios de 1949, los Estados reunidos en Ginebra ponían fin positivamente a cuatro años de arduas negociaciones. Cuatro años para los Protocolos; cuatro meses para los Convenios. ¿Por qué esa diferencia tan palmaria?

En 1949, tras el período inicial de rechazo absoluto de todo lo que recordara a la guerra, se llegó de manera natural a un consenso sobre los principales males que había que prohibir mediante el derecho. Además, el delicado ámbito de las normas de conducción de las hostilidades —el derecho de «La Haya»—, también parte integrante del derecho humanitario, fue excluido de los debates. Se trataba de una época caracterizada, asimismo, por un mapa político universal bastante monolítico. El Norte seguía dominando al Sur; y la tensión entre el Este y el Oeste no se había exacerbado.

El lanzamiento de los Protocolos se produjo en un entorno muy distinto. El Tercer Mundo se había rebelado contra el orden existente. Había comenzado el proceso de descolonización. Los bloques «capitalista» y «socialista» estaban confrontados. La penosa guerra de Vietnam lo ilustra, tanto en lo político como por lo que respecta a los estragos causados por las armas (sobre todo, por los bobardeos masivos, las torturas y las ejecuciones sumarias). Esta dialéctica ideologico-política se observaba en el enfrentamiento entre la defensa de los intereses de la persona y los de la colectividad.

El proyecto de difusión que se propone para examen en este artículo se inició a finales de 1993, cuando se desencadenaron en Burundi las llamadas violencias interétnicas, tras la tentativa de golpe de Estado de octubre de 1993 y el asesinato del presidente Ndadaye y de varias altas personalidades del país. Ante la gravedad de las destrucciones materiales y humanas (generalmente se reconoce que hubo varias decenas de miles de muertos durante las primeras semanas) y ante la crueldad de los actos perpetrados, los delegados del CICR se mostraron primeramente reticentes a la idea de emprender una acción específica de difusión. Así pues, en un primer momento, se limitaron a una «demostración concreta»del gesto humanitario y a la utilización de mensajes radiodifundidos cuya prioridad era informar para facilitar el trabajo operacional.